SALA DE LA REPÚBLICA
Establecida la separación de la Gran Colombia, primero como Departamento del Sur y luego como República del Ecuador en 1830, se adopta una estructura propia para reglamentar el funcionamiento de la Policía.
Identificando al 13 de enero de 1846 como la fecha de origen de la actual Policía Nacional, a través del Decreto de la Convención Nacional firmada por dos hombres ilustres de la historia del Ecuador, Vicente Rocafuerte, Presidente de dicha Convención y Vicente Ramón Roca, Presidente de la República, al otorgar funciones específicas al Ministerio del Interior, lo correspondiente a la “Policía General”.
Para esto, Vicente Ramón Roca dispone se expida los Reglamento de Policía para cada una de las provincias que se iban consolidando.
SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL
Es el más antiguo que no ha perdido su esencia de servir y proteger. La Historia Policial nos relata que a partir de 1846 hasta 1923 con el cambio de denominación de Policía de Orden y Seguridad a Policía Nacional, se expide el Reglamento General para el Servicio de Policía de la República, por el Presidente José Luis Tamayo, donde el Servicio Urbano estuvo integrado por Intendentes, jefes de Sección, Inspectores, Subinspectores, Celadores y más empleados policiales.
Este servicio es la razón de ser de la Institución Policial, nace como una medida propia y natural de autoprotección, a fin de que se asegure la integridad personal, la tranquilidad social y no sean vulnerados los derechos de los ciudadanos.
Este servicio ha pasado por un proceso evolutivo, desde el 21 de agosto de 1896 siendo Presidente de la República José María Plácido Caamaño, y del Congreso Juan León Mera, donde se crea por primera vez la Policía Rural del Ecuador.
Encargada exclusivamente de mantener el orden y seguridad de los campos de manera preferente en algunas zonas del litoral ecuatoriano, hasta contar con la Dirección Nacional de Servicio Urbano y Rural siendo la encargada de garantizar a través de patrullajes el control y seguridad de las ciudades y más centros urbanos del país.
Se remonta al reglamento de Policía de Orden y Seguridad, sancionado el 19 de marzo de 1899, ratificado oficialmente el 04 de julio 1946 al expedirse la Ley Orgánica y Régimen Administrativo de la Guardia Civil Nacional, asignándole como función específica “el control de vehículos, de conductores, de controladores, de señaleros de tránsito, casetas, recorridos y estacionamientos y de la intervención en caso de accidentes”.
En la actualidad mediante el Código Orgánico de Organización Territorial Gobiernos Autónomos y Descentralizados, ciertos municipios manejan el servicio de tránsito.
Este servicio nace con la expedición del Reglamento para la Organización y Servicio de la Policía Nacional del Ecuador, promulgado el 12 de septiembre de 1923, con un jefe, secretario, ayudantes, oficiales, fotógrafo, agentes especiales de primera y segunda clase, ejecutándose el 6 de abril de 1924, cuyo objetivo era auxiliar a las autoridades judiciales y de Policía en la identificación de los autores, cómplices y encubridores de todos aquellos atentados contra las personas, la propiedad, la legalidad de la moneda entre otros delitos.
Con la expedición de las Leyes Orgánicas de febrero de 1939, se mantienen las actividades de investigación de los delitos como función netamente policial, bajo el nombre de Oficina de Seguridad Identificación y Dactiloscopia. En la Ley Orgánica de la Guardia Civil Nacional expedida el 12 de septiembre de 1944, se establece entre otras funciones “Investigación y el esclarecimiento de las infracciones, aprehensión y vigilancia de los infractores”.
El 11 de marzo de 1959 con la Ley Orgánica de Régimen Administrativo de la Policía Civil Nacional, continúan las funciones de investigación y esclarecimiento de las infracciones comunes, la aprehensión y cuidado de los delincuentes; en 1951 se pone en vigencia el Reglamento para Investigación del Servicio Criminal y en 1998 se elimina el nombre de Direccional Nacional de Investigaciones, Estupefacientes e INTERPOL asignándole la nueva denominación de Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones.